Desde el Observatorio Provincial de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Entre Ríos, queremos expresar nuestra preocupación por la constante vulneración de derechos que atraviesan las personas con discapacidad de todo el país, a partir de medidas que ponen en riesgo nuestros derechos, la posibilidad de pérdida de pensiones, la no prestación de servicios en las instituciones debido a los atrasos en los pagos del Programa Federal Incluir Salud, como asimismo de las Obras Sociales Nacionales y Provinciales, y que como es de público conocimiento en Entre Ríos algunas instituciones han planteado que están al límite de su capacidad económica para garantizar el servicio, la fuente laboral, con un riesgo potencial de tener que cerrar las mismas. Todo ello entendemos que se necesita en forma urgente el involucramiento del estado nacional, provincial y municipal a través de sus distintos interlocutores a efectos de resolver esta situación, garantizar la prestación de los servicios, y ante todo evitar el potencial cierre instituciones que impactaría de lleno en la calidad de vida de niños, adolescentes, jóvenes, y adultos con discapacidad.
Por ello exigimos que:
1. Se derogue la resolución 268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad que aprueba el circuito administrativo de notificación de incompatibilidades con el Decreto 432/97, de suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez. Lo que en la práctica significa dejar sin su pensión a miles de personas con discapacidad.
2. Se reintegren Pensiones Nacionales, que se dieron de baja en 2016 y 2017 y que aun en su gran mayoría no fueron restituidas, impactando de lleno en la situación económica, cobertura social, medicación, y tratamientos de las personas con discapacidad.
3. La Agencia Nacional de Discapacidad, efectué en forma urgente el pago de las prestaciones adeudadas del Programa Federal Incluir Salud, que en Entre Ríos afecta a 19 instituciones prestadoras del programa, que brindan servicio 520 beneficiarios, y cuya situación en algunos casos, pone en riesgo la atención de los mismos, y/o el potencial cierre de las instituciones.
4. Se reduzca de 60 a 45 días el pago a los prestadores en discapacidad, ya sea por el programa Incluir Salud, y las obras sociales nacionales y provinciales, que ante el aumento de los costos y la devaluación de la moneda, hace muy difícil a los prestadores garantizar los servicios.-
5. La urgente apertura de los Programas de Ley de Cheques, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad, el pago de los proyectos ya aprobados, como asimismo la continuidad administrativa de los proyectos presentados en 2016 y 2017, que aun no han sido evaluados, ya que esto impide que en forma individual a las personas con discapacidad acceder a pequeñas mejoras en sus viviendas, y a las instituciones avanzar en proyectos de mejoras edilicias, transporte institucional, entre otros.
6. Apelamos a que el Sr. Gobernador convoque a todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil entrerriana que trabajan en discapacidad, a una mesa de trabajo, para lo cual ponemos a disposición este Observatorio Provincial de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de analizar la situación actual de la provincia, y evaluar distintas herramientas a instrumentar por sus distintos ministerios y/o el IPRODI, que prevean reducción y/o exención impositiva, establezcan aportes económicos específicos, y la instrumentación de programas destinados a personas en forma individual, y a las instituciones como por ejemplo en mejoras edilicias, que les permitan avanzar en el cumplimiento de los requisitos que se les exigen para lograr una categorización, lo cual una vez obtenida facilitaría la firma de convenios como prestadores ante las obras sociales, y ello les generaría un ingreso económico que contribuiría al sostenimiento de las mismas, como asimismo la asignación de cargos docentes, profesionales, administrativos y ordenanzas, que contribuiría a reducir la carga económica, que las instituciones tienen que cubrir con recursos propios para atender su demanda.-
7. Apelamos a los Intendentes a tomar la decisión política de avanzar en la concreción de las Áreas de Discapacidad, y/o jerarquizar las actuales, que permita garantizar los derechos de las personas con discapacidad, generar espacios de trabajo con las organizaciones, y promover estudios conjuntos que permitan contar con resultados que dimensionen la real situación de la población con discapacidad en cada localidad. Asimismo a generar normativas locales que garanticen ingresos económicos y/o exenciones impositivas a las instituciones, que contribuyan a garantizar el funcionamiento de las mismas en sus localidades.-
8. Invitamos a todas las personas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por y para la discapacidad a participar del Observatorio Provincial de los Derechos de las Personas con Discapacidad, creado por la Ley Provincial Nº 10.400, con el objeto de potenciar este órgano como espacio clave de discusión de las políticas públicas en materia de discapacidad, promover acciones que beneficien al conjunto de las personas con discapacidad, y lograr una voz representativa de todas las organizaciones, que defienda en todos los ámbitos, la situación de la discapacidad en Entre Ríos.-
9. Apelamos a la comprensión de la ciudadanía entrerriana toda, más allá de sus ideologías particulares, los invitamos a ponerse la camiseta de defensa de los derechos de las personas con discapacidad y acompañar nuestro reclamo de exigir el compromiso del estado en todos sus niveles, para evitar la pérdida de derechos, garantizar la prestación de los servicios, impedir la pérdida de fuentes laborales, y por sobre todo evitar el cierre de instituciones, que son prioritarias en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Observatorio Provincial de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Entre Ríos.
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