El contador Álvaro Sierra, el abogado Pablo Lapiduz y el contador Guido Longo presentaron formalmente ante el Honorable Concejo Deliberante de Concordia un pedido de uso de la Banca del Pueblo —instituida por la Ordenanza N° 31.087— con el objetivo de exponer un proyecto de ordenanza orientado a la reorganización institucional de dos entes autárquicos municipales.
El proyecto presentado
Según el comunicado difundido por los profesionales, la iniciativa busca “optimizar costos, reducir burocracia y fortalecer la transparencia en el funcionamiento municipal”.
El proyecto “plantea la disolución de dos entes autárquicos y la integración plena de sus funciones a la Administración Central del Municipio: el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (In.V.y.T.A.M.), y el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto Concordia (E.D.A.A.C.)”.
Indicaron además que “el presupuesto anual previsto para el presente ejercicio, considerado en conjunto para ambos entes, supera los $5.000 millones, cifra que —indicaron— amerita abrir un debate serio sobre la forma más eficiente y transparente de ejecutar esas políticas públicas”.
Los firmantes subrayaron que “la iniciativa no implica eliminar políticas, programas ni competencias, sino reordenar institucionalmente su ejecución” y que el proyecto “garantiza la continuidad laboral del personal de planta, preservando los puestos de trabajo”.
La propuesta es impulsada por tres profesionales independientes y cuenta con el acompañamiento político e institucional del partido local Compromiso por Concordia.
La respuesta del concejal Felipe Sastre
Tras hacerse pública la presentación, el concejal oficialista Felipe Sastre cuestionó la iniciativa y el pedido de uso de la Banca del Pueblo.
“Algunas semanas atrás ya me expresé públicamente sobre otros planteos que estaba haciendo la vecinal de Álvaro Sierra sin tener en cuenta las disposiciones legales aplicables. En esa oportunidad, les sugerí leer las leyes antes de volver a salir a dar un show mediático”, afirmó Sastre.
Además sostuvo que “a pocos días que el Intendente de su mensaje inaugural y volvamos a sesionar, salen en los diarios a pedir la Banca del Pueblo en contradicción al art. 5 de la Ordenanza N° 31844 que prohíbe a los partidos políticos —tengan o no representación en el Concejo Deliberante— solicitar el uso de ese mecanismo de democracia participativa”.
En el mismo pronunciamiento expresó que “en las épocas en las que Sierra era Secretario de Gobierno y Hacienda de Cresto, nosotros como oposición votábamos en contra de la creación del Ente del Aeropuerto y de hecho actualmente seguimos trabajando en una reestructuración. Respecto al InVyTAM, no es ninguna novedad que hace meses se viene estudiando el cierre del organismo y el traspaso de la estructura a la administración central, por ser deficitario y no cumplir con las mínimas condiciones de autarquía”.
También agregó: “No quiero ser mal pensado pero toda esta movida del ex monje negro del crestismo parece tener más que ver con su negativa a volver a prestar tareas en su nuevo lugar de trabajo, después de largos meses de licencia, que con una genuina preocupación por la salud fiscal de la Municipalidad”.
La réplica de Pablo Lapiduz
Horas más tarde, el abogado Pablo Lapiduz respondió públicamente al edil.
“Hubo una propuesta. Nada más. Y nada menos”, expresó.
Y añadió: “Le aclaramos entonces, para que no haya margen de confusión: no fuimos contra nadie; fuimos a favor de una idea. Si esa idea no le gusta, discútala. Si cree que puede mejorarse, mejórela. Si considera que no corresponde, rechácela con fundamentos”.
En otro tramo del texto señaló: “Responder a un aporte con enojo personal, grandilocuencia y tonos de barricada no fortalece su posición: apenas revela una dificultad evidente para procesar el disenso con madurez institucional”.
Finalmente concluyó: “Aun así, y pese al tono que usted ha elegido, seguimos creyendo que el camino correcto es el institucional. Menos show. Menos susceptibilidad. Menos ataques personales. Más lectura, más trabajo y más respeto por las ideas ajenas”.
El pedido de uso de la Banca del Pueblo quedó sujeto al procedimiento previsto en la normativa vigente del Concejo Deliberante.
Fuente: El Emtre Ríos
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