El Consejo General de Educación (CGE) dejó sin efecto la decisión de recortar el servicio de transporte escolar en tres establecimientos educativos del ámbito rural del departamento La Paz. La medida había sido comunicada el viernes 4 de julio y establecía una reducción en la cantidad de colectivos disponibles a partir del lunes 21, fecha de reinicio del ciclo escolar tras el receso de invierno.
Luego de los planteos realizados por las comunidades educativas, el CGE solicitó al Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro) que disponga la continuidad del servicio en las siguientes escuelas: la Escuela Agrotécnica Nº 15 “Manuel Pacífico Antequeda”, ubicada en Colonia San Carlos, en Alcaraz 1º; la Escuela Agrotécnica Nº 151 “El Quebracho”, situada a 14 kilómetros de Santa Elena; y la Escuela Secundaria Nº 13 “Federación, Libertad y Fuerza”, de Yeso Oeste.
No obstante, el CGE y el Inaubepro continúan con la revisión de la medida dispuesta hacia finales de la semana pasada, la cual generó reclamos también en otras zonas de la provincia, como Tala, Nogoyá y Villaguay. El recorte había sido impulsado por el Ministerio de Hacienda en el marco de la política de restricción del gasto.
La situación fue planteada también en la Legislatura. El diputado Juan José Bahillo (PJ) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para acceder a “información precisa y actualizada sobre la situación del transporte escolar rural en la provincia de Entre Ríos, ante la creciente preocupación manifestada por transportistas, familias y comunidades educativas”.
“Este servicio constituye una herramienta esencial para garantizar el derecho a la educación de más de 11.200 estudiantes que residen en zonas rurales y deben trasladarse a diario para asistir a clases en más de 180 establecimientos educativos”, señaló el legislador.
Bahillo mencionó además que “se han hecho públicas múltiples denuncias por parte de transportistas y actores comunitarios, que alertan sobre recortes de recorridos vigentes, atrasos significativos en los pagos a prestadores, endeudamiento y dificultades para mantener en funcionamiento los vehículos, y condiciones contractuales que no reflejan los costos reales del servicio”.
“Se han registrado casos especialmente críticos, como el de Rosario del Tala, donde el servicio a más de 200 estudiantes estaría en riesgo de ser suspendido, incluyendo recorridos que permiten la asistencia a instituciones que atienden a alumnos con discapacidad severa, cuyo acceso a la educación depende exclusivamente de este transporte”, agregó el diputado.
Fuente: Entre Ríos Ahora
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