Cierre de escuelas para jóvenes y adultos: "No se va a vulnerar el derecho a la educación", dicen desde el CGE

El director de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE), Alfredo Blochinger, negó que haya una resolución del organismo que ordene el cierre de centros educativos de educación primaria de jóvenes y adultos en la Provincia.

El funcionario salió a aclarar la situación frente a “diversas publicaciones y declaraciones que han circulado en medios de comunicación y redes sociales en los últimos días, referidas al supuesto cierre de Centros Educativos de Jóvenes y Adultos en la provincia de Entre Ríos”. Así, en un comunicado público, Blochinger buscó “llevar tranquilidad, evitar confusiones y reafirmar el compromiso con el derecho a la educación de todos los entrerrianos”.

“En primer lugar, es importante dejar en claro que no existe ninguna resolución ni disposición oficial que ordene el cierre de centros educativos. No se ha emitido, desde esta Dirección ni desde el CGE, comunicación alguna a las Direcciones Departamentales de Escuelas que disponga tal medida. Las versiones que se han difundido al respecto se basan en una interpretación errónea y parcial de una circular interna que tenía como único objetivo la actualización de datos institucionales, matrícula y funcionamiento de los centros, con el propósito de contar con información precisa y actualizada en el sistema SAGE (Sistema Administrativo de Gestión Educativa)”, aseveró.

Blochinger apuntó que “la información contenida en dicho sistema se encontraba, en muchos casos, desactualizada, lo cual dificulta la toma de decisiones responsables en el uso de recursos públicos. Por eso, la actualización de la matrícula y del estado de funcionamiento de los centros es un paso técnico y administrativo absolutamente necesario, que no implica ninguna determinación respecto al cierre o permanencia de espacios educativos”.

“Por otro lado -agregó-, también es importante remarcar que la matrícula en algunos centros ha sido históricamente baja, escasa o incluso nula en los últimos años. En otros casos, se ha detectado la cobertura de cargos docentes en situaciones de `suplencia de suplencia` en contextos sin estudiantes activos, lo que plantea la necesidad de revisar cómo se distribuyen los recursos disponibles para garantizar la equidad y eficacia del sistema”.

“La garantía del derecho a la educación no se vulnera, ya que en cada localidad de la provincia existen escuelas primarias de jóvenes y adultos que cumplen con la función de alfabetizar y garantizar la formación básica a aquellas personas que por diversos motivos no han podido acceder y que continúan abiertas y funcionando. El objetivo de esta Dirección es, precisamente, fortalecer esas instituciones, optimizar los recursos existentes y asegurar que allí donde exista una necesidad educativa, haya una respuesta efectiva del Estado”, planteó Blochinger.

Y sumó: “Entendemos y valoramos la defensa de la educación pública y el compromiso de quienes trabajan día a día en las escuelas. Compartimos la preocupación por las condiciones laborales, por el mantenimiento edilicio y por la disponibilidad de cargos esenciales. Sin embargo, como funcionarios públicos, tenemos también la responsabilidad de administrar los recursos con transparencia, responsabilidad y datos confiables, para que el sistema pueda sostenerse y fortalecerse”.

Texto completo del funcionario

"A la comunidad educativa y a la opinión pública:

Frente a diversas publicaciones y declaraciones que han circulado en medios de comunicación y redes sociales en los últimos días, referidas al supuesto cierre de Centros Educativos de Jóvenes y Adultos en la provincia de Entre Ríos, consideramos necesario, como Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE), realizar algunas aclaraciones fundamentales, con el objetivo de llevar tranquilidad, evitar confusiones y reafirmar el compromiso con el derecho a la educación de todos los entrerrianos.

En primer lugar, es importante dejar en claro que NO existe ninguna resolución ni disposición oficial que ordene el cierre de centros educativos. No se ha emitido, desde esta Dirección ni desde el CGE, comunicación alguna a las Direcciones Departamentales de Escuelas que disponga tal medida. Las versiones que se han difundido al respecto se basan en una interpretación errónea y parcial de una circular interna que tenía como único objetivo la actualización de datos institucionales, matrícula y funcionamiento de los centros, con el propósito de contar con información precisa y actualizada en el sistema SAGE.

Cabe destacar que la información contenida en dicho sistema se encontraba, en muchos casos, desactualizada, lo cual dificulta la toma de decisiones responsables en el uso de recursos públicos. Por eso, la actualización de la matrícula y del estado de funcionamiento de los centros es un paso técnico y administrativo absolutamente necesario, que no implica ninguna determinación respecto al cierre o permanencia de espacios educativos.

Por otro lado, también es importante remarcar que la matrícula en algunos centros ha sido históricamente baja, escasa o incluso nula en los últimos años. En otros casos, se ha detectado la cobertura de cargos docentes en situaciones de «suplencia de suplencia» en contextos sin estudiantes activos, lo que plantea la necesidad de revisar cómo se distribuyen los recursos disponibles para garantizar la equidad y eficacia del sistema.

La garantía del derecho a la educación no se vulnera, ya que en cada localidad de la provincia existen Escuelas Primarias de Jóvenes y Adultos que cumplen con la función de alfabetizar y garantizar la formación básica a aquellas personas que por diversos motivos no han podido acceder y que continúan abiertas y funcionando. El objetivo de esta Dirección es, precisamente, fortalecer esas instituciones, optimizar los recursos existentes y asegurar que allí donde exista una necesidad educativa, haya una respuesta efectiva del Estado.

Entendemos y valoramos la defensa de la educación pública y el compromiso de quienes trabajan día a día en las escuelas. Compartimos la preocupación por las condiciones laborales, por el mantenimiento edilicio y por la disponibilidad de cargos esenciales. Sin embargo, como funcionarios públicos, tenemos también la responsabilidad de administrar los recursos con transparencia, responsabilidad y datos confiables, para que el sistema pueda sostenerse y fortalecerse.

Reafirmamos con firmeza que no se va a vulnerar el derecho a la educación, ni a la alfabetización básica. Este es un derecho que debemos garantizar en todo el territorio provincial. Al mismo tiempo, también debemos proteger el derecho de los docentes a contar con trabajo digno y sustentable. No obstante, ello debe hacerse sin perder de vista que los recursos del Estado deben usarse con eficiencia y responsabilidad: no puede sostenerse la existencia de un maestro para un solo alumno o de aulas vacías. Por eso, estamos trabajando en procesos de refuncionalización, que apunten a fortalecer la educación allí donde realmente se necesita.

Por todo lo anterior, llamamos a la comunidad educativa, a las organizaciones sindicales y a la ciudadanía a no desinformar ni contribuir a generar alarma con información no verificada o tergiversada. Estamos abiertos al diálogo, al trabajo conjunto y al intercambio respetuoso, pero consideramos que es fundamental actuar con responsabilidad cuando se trata del presente y futuro de la educación en Entre Ríos.

La educación de jóvenes y adultos es un derecho, pero también es un compromiso colectivo. Desde esta Dirección seguiremos trabajando para garantizarla en todo el territorio, sin improvisaciones, con criterios claros, con mirada social, y con sentido común".

Fuente: Entre Ríos Ahora