Por Bruno Sarubi, Diputado Provincial de Juntos por Entre Ríos
La conflictividad judicial en el ámbito laboral desalienta inversiones, afecta a las pymes y perjudica a los trabajadores. Es urgente abrir el debate sobre un sistema que requiere reformas profundas.
Nuestro país enfrenta un problema estructural que pocas veces se aborda, pero que impacta directamente en el empleo, las inversiones y las oportunidades de desarrollo: la litigiosidad laboral. En Entre Ríos, esta situación se agrava y pone en jaque la sustentabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas.
Las estadísticas disponibles muestran que nuestra provincia presenta uno de los niveles más altos de conflictividad laboral en relación con su actividad económica. Esta sobrerrepresentación en los tribunales no es un simple dato: tiene consecuencias concretas sobre quienes intentan generar trabajo e invertir.
Un ejemplo cotidiano lo vemos en las pymes. Una demanda laboral injustificada puede representar un golpe letal. Si la empresa pierde el juicio, el costo puede ser tan elevado que la obligue a cerrar sus puertas. Esto no solo afecta al empleador, sino también a todos los trabajadores que quedan sin empleo y a la comunidad que pierde una fuente de producción y desarrollo.
La justicia debe ser equilibrada, comprensiva con los derechos de los trabajadores, pero también con aquellos que apuestan por emprender, producir y dar empleo. En Entre Ríos, ese equilibrio está roto. Los procesos son largos, costosos y, muchas veces, sesgados. Esta situación genera un clima de incertidumbre que ahuyenta nuevas inversiones y condena al empleo formal.
Debemos asumir la responsabilidad de impulsar las reformas necesarias para cambiar este panorama. Porque más juicios laborales no significan más derechos, sino, muchas veces, menos empleos en blanco. Y sin empleo formal, los trabajadores pierden beneficios, protección y oportunidades reales de crecimiento.
La salida no es simple, pero empieza con algo fundamental: decir la verdad y abrir el debate. Todos tenemos un rol: los legisladores que deben actualizar leyes anacrónicas; los jueces que aplican justicia; los empresarios que invierten; los trabajadores que sostienen la producción, y la sociedad civil que debe exigir un sistema justo y equilibrado.
Es momento de dar el primer paso hacia una reforma integral. Necesitamos modernizar la justicia laboral, simplificar procesos, evitar abusos y fomentar el empleo registrado. Porque un sistema judicial que castiga a quienes producen no es justo ni productivo. Y porque sin reglas claras no hay desarrollo posible.
Entre Ríos tiene todo para crecer. Pero no lo hará si seguimos evitando los temas difíciles. Transformar la realidad exige valentía para enfrentar lo incómodo. Y este es uno de esos debates urgentes que no pueden seguir postergándose.
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