Se permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas ante delitos en flagrancia en zonas alejadas de los centros urbanos. Especialistas y organizaciones advierten sobre posibles conflictos legales.
El Gobierno nacional, a través de una resolución del Ministerio de Defensa, autorizó a las Fuerzas Armadas a detener civiles en la frontera norte en casos de delitos cometidos en flagrancia. La medida forma parte del Operativo Roca, que refuerza el control en provincias como Salta y Jujuy mediante el despliegue de tropas, drones, radares móviles y medios aéreos.
La resolución 347 establece que los efectivos militares podrán realizar aprehensiones transitorias, debiendo dar inmediato aviso a las fuerzas de seguridad o a las autoridades judiciales competentes. Las instrucciones específicas sobre su actuación están contenidas en un anexo reservado bajo el formato de "reglas de empeñamiento".
Desde el Ministerio de Defensa, el titular de la cartera, Luis Petri, explicó que la medida se enmarca en la Ley de Ministerios, la Ley de Defensa Nacional, el Decreto 1112/2024 y el Código Procesal Penal de la Nación, que permite la aprehensión por cualquier autoridad o persona en casos de flagrancia.
Exministros de Defensa, entre ellos Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy, manifestaron su preocupación por el alcance de la medida. Advirtieron que podría contradecir la Ley de Seguridad Interior, que restringe expresamente la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interior, salvo en casos excepcionales previstos por ley. Según sostienen, la actuación militar en detenciones podría no tener suficiente sustento jurídico y exponer a los efectivos a riesgos legales.
Organizaciones de derechos humanos también expresaron reparos y señalaron la importancia de mantener la distinción entre defensa nacional y seguridad interior para evitar una posible militarización de tareas que corresponden a las fuerzas policiales.
Desde el Gobierno, se aclaró que los militares actuarán únicamente en zonas alejadas de centros urbanos y de pasos fronterizos oficiales, con funciones complementarias y de apoyo a las fuerzas de seguridad, y que su intervención estará sujeta a protocolos estrictos.
La iniciativa se enmarca en acciones orientadas a combatir el narcotráfico y otros delitos transfronterizos. El debate sobre el alcance y la legalidad de la medida continúa abierto en distintos ámbitos institucionales y académicos.
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